No se puede matar un movimiento: Berta Cáceres y la lucha del COPINH por la justicia
“¡Berta no murió!... ¡Berta se convirtió en millones! ¡Todas somos Berta!”
Un camino de tierra largo y recto corre desde la carretera nacional hasta La Esperanza, una comunidad indígena situada entre las montañas del oeste de Honduras. Hoy, furgonetas y autobuses circulan en fila por esa carretera, normalmente tranquila, hacia un conjunto de edificios de madera donde, durante las últimas dos décadas, un movimiento internacional ha crecido y se ha extendido a través de los océanos.
Han pasado diez años desde que la fundadora de ese movimiento, Berta Cáceres, fuera asesinada en su propia casa por liderar a las comunidades indígenas lenca en la lucha contra un proyecto hidroeléctrico multimillonario. Ahora nos encontramos entre cientos de personas procedentes de comunidades hondureñas y de todo el mundo que se han reunido, no solamente para un acto conmemorativo, sino para visualizar los próximos pasos a seguir.
El encuentro fue convocado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para conmemorar el décimo aniversario del asesinato de Berta Cáceres y exigir justicia al Gobierno hondureño. En el encuentro, el COPINH, otras comunidades y organizaciones hondureñas, así como personas y organizaciones aliadas de todo el mundo, escucharon las conclusiones del reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar el asesinato de 2016.
La investigación, ampliamente documentada, revela que el asesinato de Berta no fue un acto aislado, sino la culminación de un amplio esfuerzo por parte de poderosos actores empresariales y estatales —con el respaldo de instituciones financieras internacionales— para imponer un proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque. Berta construyó un sólido movimiento de comunidades indígenas lenca afectadas y personas y organizaciones aliadas para resistirse a la presa que habría devastado sus tierras, su medio ambiente y su vida comunitaria.
¿Quién es Berta Cáceres?
Berta Cáceres Flores nació el 4 de marzo de 1971 en el seno de una familia comprometida con las causas de los pueblos centroamericanos y con su comunidad lenca, en La Esperanza. Su madre, Austra Bertha Flores, que la sobrevive, fue comadrona, diputada, alcaldesa de su localidad y la primera mujer alcaldesa del departamento hondureño de Intibucá. Apoyó firmemente a los refugiados salvadoreños que cruzaron la frontera durante la guerra en el vecino El Salvador, en particular a aquellas personas y grupos procedentes de comunidades unidas por su herencia Lenca.
El ejemplo de su madre marcó de manera decisiva la vida de Berta y la de sus hijos e hijas, y la llevó, junto con otros líderes comunitarios, a fundar el COPINH en marzo de 1993. La organización trabaja para fortalecer a las comunidades en su lucha por proteger los recursos naturales y el medio ambiente, y para defender los derechos de los pueblos indígenas y campesinos de Honduras.
Berta Cáceres se convirtió en un símbolo de resistencia para las mujeres, las organizaciones y los movimientos sociales, indígenas y campesinos de todo el mundo. Para comprender su impacto, hablamos con personas que trabajaron a su lado durante años. Muchas destacaron la práctica política de Berta, arraigada en la Educación Popular Feminista (EPF) [1] no solo como metodología, sino como una forma de construir un análisis colectivo, fortalecer la organización comunitaria y generar una conciencia crítica basada en las realidades vividas y el conocimiento local. Insistía en que las luchas por la tierra, el medio ambiente y los derechos indígenas debían entenderse desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta las desigualdades estructurales que condicionan la vida de las mujeres y su capacidad para defender sus territorios.
En una cultura en la que las dinámicas patriarcales solían negarse o defenderse, Berta desafió constantemente las estructuras de poder masculinizadas y racializadas, influyendo en los movimientos para que reconocieran que no se puede construir una democracia significativa excluyendo a la mitad de la población. Sus allegados recuerdan la coherencia entre su política antipatriarcal y antirracista y su práctica cotidiana dentro de su organización, su comunidad y sus relaciones. Encarnó y enseñó en la convicción de que trabajar por la justicia debe ser un proceso colectivo, que requiere que las personas y las comunidades avancen juntas hacia objetivos compartidos. Sus acciones y estrategias se centraron en fortalecer la organización, el COPINH, y en construir poder colectivo.
El liderazgo de Berta también se caracterizó por una apertura al diálogo más allá de las diferencias, interactuando con quienes pensaban y actuaban de manera distinta para encontrar puntos en común en la defensa de la vida y los recursos naturales. Ejerció un impacto profundamente humano en quienes la conocieron: la gente recuerda su alegría, su sentido del humor y su forma de celebrar la vida incluso en las circunstancias más difíciles. Situó la consideración, el amor y el cuidado colectivo —dentro de las familias, las comunidades y las organizaciones— en el centro de la vida y el trabajo. Consideraba que estas prioridades, que no suelen asociarse con el liderazgo, eran esenciales para sostener los esfuerzos organizativos. Además, constituían la base para entrelazar diversas estrategias y alianzas, desde el ámbito local hasta el internacional, aprovechando las experiencias de movimientos en diferentes contextos para fortalecer las luchas comunes.
A través de su trabajo con el COPINH, Berta Cáceres ayudó a construir una visión colectiva de la organización arraigada en el conocimiento indígena, la defensa territorial y un replanteamiento de las relaciones de poder entre los seres humanos y la Tierra. Este trabajo —y el movimiento que fortaleció— le valió el Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015, ampliamente considerado como el galardón más prestigioso del mundo para los defensores del medio ambiente. [2]
Pero su notoriedad intensificó la amenaza que representaba. Su hábil liderazgo y la oposición organizada del COPINH al megaproyecto en sus tierras desafiaban directamente a poderosos intereses económicos y políticos involucrados en proyectos extractivos. El informe del GIEI documenta cómo, un año después, asesinos contratados por las élites de poder locales, con la complicidad del Gobierno y de actores internacionales [3], planearon, ejecutaron e intentaron encubrir el crimen.
¿Qué es el COPINH?
El COPINH es un movimiento que agrupa a más de 200 comunidades y más de 50 organizaciones o grupos comunitarios de cinco departamentos hondureños: Comayagua, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira y La Paz. La organización está arraigada en los principios ancestrales del pueblo lenca, que considera el cuidado de la Madre Tierra como un deber sagrado y lo ve como un patrimonio vivo del que la humanidad forma parte inseparable.
La lucha por la vida y la tierra que COPINH continúa hoy en día es uno de los mayores legados de Berta Cáceres. Su hija, Bertha Zúniga Cáceres, ocupa actualmente el cargo de coordinadora general del COPINH. Coordina una Asamblea organizada en diversas comisiones, en las que las mujeres ocupan el 50% de los puestos de liderazgo. Aprovechando su propio carácter, sus conocimientos y su experiencia —impulsada por la fuerza colectiva y un espíritu que combina el pensamiento estratégico con el valor en la acción—, Bertha Zúniga está dando continuidad al legado de su madre.
Desde la perspectiva del COPINH, el río Gualcarque —en particular en la comunidad de Río Blanco, dentro de su territorio— no es meramente un recurso, sino un ser vivo que garantiza el equilibrio entre la flora y la fauna, entendiendo que este equilibrio también asegura la supervivencia de las personas y las comunidades. Consideran que el río es sagrado.
El COPINH ha tenido que recorrer un camino complejo y difícil para llevar a cabo su labor, al igual que muchas organizaciones y movimientos que defienden los derechos de las personas y los recursos naturales en otras partes del mundo. Desde su fundación, el COPINH y sus líderes y lideresas han desarrollado y reforzado enfoques y metodologías de educación popular. Han conseguido títulos de propiedad para comunidades indígenas y campesinas, han construido caminos comunitarios y han trabajado para recuperar los conocimientos y prácticas ancestrales del pueblo lenca. También han creado emisoras de radio comunitarias como medio de información y educación para las comunidades, y en solidaridad con otros colectivos de Honduras.
La organización combina estrategias jurídicas, espirituales, políticas y educativas, y forma parte de redes internacionales de campesinos y pueblos indígenas a nivel continental y mundial. Esta organización a varios niveles ha llevado las voces de Berta y del COPINH a foros y eventos internacionales, incluidos aquellos que abordan el cambio climático y el impacto de los proyectos extractivos en los territorios. El COPINH también ha investigado y denunciado la participación directa o la complicidad de diversos actores —incluidos funcionarios del Gobierno— en redes criminales hondureñas.
Aunque la comunidad de Río Blanco cuenta con una identidad indígena consolidada y formas de organización comunitaria arraigadas, el Gobierno hondureño, bajo el mandato del entonces presidente Juan Orlando Hernández, se negó a reconocerlo formalmente -o a sus autoridades tradicionales- como indígenas Lenca, en una negación deliberada de sus derechos colectivos como pueblo y de la autonomía de la comunidad sobre su territorio. Las protestas de COPINH y las comunidades contra la continua violación de sus derechos se encontraron con amenazas, criminalización y el asesinato de líderes en sus territorios —como ocurre con demasiada frecuencia en toda América Latina y en otras partes del mundo—. Según organizaciones y observatorios internacionales, los defensores de los recursos naturales en América Latina, y en Honduras en particular, se enfrentan a un riesgo mayor de ser asesinados que cualquier otro grupo o movimiento de derechos humanos del planeta. [4]
El COPINH defiende el río Gualcarque
Las amenazas y los ataques contra el COPINH y otras organizaciones hondureñas se intensificaron drásticamente en 2009, cuando la derecha hondureña y los líderes militares llevaron a cabo un golpe de Estado contra el gobierno elegido democráticamente. El nuevo gobierno, fruto del golpe, amplió rápidamente los proyectos extractivos, entre los que se incluían proyectos mineros a gran escala, energéticos y de monocultivos. Una sucesión de gobiernos vinculados al golpe impulsó la privatización del sector eléctrico y de otros sectores, y concedió exenciones fiscales e importantes incentivos a inversores extranjeros, empresas privadas y bancos de inversión.
En ese contexto, en el año 2009 se constituyó la empresa DESA-Desarrollos Energéticos S.A. Entre los años 2010 y 2011 le fueron aprobados los contratos con el Estado y los permisos de operación para poner en marcha el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca para construir una presa en el río Gualcarque. El informe de la GIEI concluyó que DESA carecía «tanto de los conocimientos técnicos como de la solvencia financiera requerida [para ejecutar el proyecto], haciendo caso omiso de las advertencias técnicas internas y firmando un contrato con márgenes de beneficio extraordinarios para los socios de la empresa». [5]
En numerosas asambleas del COPINH, las comunidades rechazaron el proyecto y expresaron su determinación de defender el río Gualcarque. El proyecto se puso en marcha sin que se llevara a cabo una consulta previa, libre e informada, tal y como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Honduras ha ratificado. Las protestas organizadas por la comunidad de Río Blanco y el COPINH en contra del proyecto se enfrentaron a persecución, amenazas, criminalización y el asesinato de líderes comunitarios. Se cooptó y sobornó a algunos miembros de la comunidad para sembrar la división y debilitar la oposición.
El 15 de julio de 2013, Tomás García, un conocido líder del COPINH, y su hijo de 15 años, Alan García Domínguez, fueron asesinados. Un suboficial del batallón de ingeniería del ejército, Kevin Saravia, fue declarado culpable del crimen y condenado a 20 años de prisión.
Los miembros y líderes del COPINH que continuaron oponiéndose al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Río Blanco fueron perseguidos y detenidos arbitrariamente, junto con sus familias y comunidades, especialmente a medida que se intensificaba la oposición al proyecto. Estos actos tenían claramente la intención de desmovilizar y dividir a las comunidades. Tal y como documenta el informe del GIEI, algunas de estas acciones fueron instigadas directamente por DESA y por miembros del Gobierno hondureño.
Los miembros del COPINH y los residentes de Río Blanco han sido objeto de vigilancia, amenazas directas contra ellos y sus familias, ataques a sus hogares y destrucción de sus cultivos, intimidación con armas, agresiones en espacios públicos y redadas en sus viviendas, tal y como documentan los numerosos testimonios recopilados por los expertos internacionales. En 2016, tras el asesinato de Berta y debido a la presión del COPINH y de actores nacionales e internacionales, el proyecto hidroeléctrico quedó paralizado. En 2017, los bancos internacionales que habían financiado el proyecto —principalmente el FMO de los Países Bajos y FinFund de Finlandia— anunciaron su retirada. El proyecto sigue en suspenso.
Los movimientos exigen justicia para Berta
Inmediatamente tras el asesinato de Berta Cáceres, el COPINH se movilizó para exigir una investigación exhaustiva sobre la muerte de Berta y los ataques relacionados contra su familia, la organización y las comunidades. Diez años después, los autores materiales y el director de DESA se encuentran entre rejas, pero el COPINH sigue exigiendo que se juzgue a los poderosos que fraguaron y estuvieron detrás del asesinato.
La fuerza y las alianzas del COPINH dieron lugar a la investigación del GIEI y a las recientes revelaciones sobre la planificación y la complicidad a muchos niveles que condujeron al asesinato. El COPINH llevó a cabo sus propias investigaciones, a menudo en colaboración con expertos jurídicos y abogados de Honduras y otros países, para sacar a la luz y denunciar a los actores ilegales y rastrear la financiación internacional que está detrás de las actividades ilegales y la corrupción, lo que ahora confirma el informe del GIEI.
La organización mantiene lazos de solidaridad nacionales e internacionales con otros movimientos que se movilizan en respuesta a las violaciones de sus derechos como pueblos y contra la criminalización y el asesinato de sus líderes [6]. La incansable búsqueda de la verdad por parte del COPINH ha convertido este caso en un ejemplo paradigmático de cómo operan entre bastidores los principales actores de los proyectos extractivistas, y de lo que la organización sobre el terreno puede lograr para detenerlos.
Lee el informe pericial sobre el asesinato
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Lee el informe pericial sobre el asesinato ~ Texto completo aquí. ~
Las personas y organizaciones aliadas presionan para que se conozca la verdad
En octubre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, junto con el Gobierno de Honduras y miembros de la familia y la organización de Berta —a quienes la CIDH había concedido previamente medidas cautelares [7]—, firmaron el «Acuerdo de Cooperación para la Asistencia Técnica Internacional desde una Perspectiva de Derechos Humanos en la Investigación de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y los delitos relacionados». Dicho acuerdo estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en febrero de 2025, bajo los auspicios de la CIDH. Su objetivo declarado era «que el GIEI prestara asistencia técnica internacional al Estado en la investigación de los autores intelectuales y los delitos relacionados con el asesinato de Bertha Isabel Cáceres Flores». [8]
El acuerdo inicial, de seis meses de duración, se prorrogó por otros seis meses hasta el 15 de enero de 2026. Para cumplir su objetivo, se otorgaron al GIEI las siguientes facultades: a) prestar asistencia técnica internacional al Estado en la investigación de los autores intelectuales y los delitos conexos relacionados con el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores; b) realizar un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar la responsabilidad penal; c) llevar a cabo un análisis técnico exhaustivo de la investigación sobre los delitos conexos; d) y elaborar una propuesta de Plan Integral de Reparación para las Víctimas.
El GIEI fue conformado por Ricardo Guzmán Loyo, Roxanna Altholz y Pedro Biscay, con Jaime Vidal como secretario ejecutivo. Los expertos fueron seleccionados por la CIDH en consulta con el Estado de Honduras y la parte representativa [9], basándose en criterios de idoneidad, competencia técnica, independencia e imparcialidad. El objetivo era garantizar la autonomía del GIEI y contar con un equipo de apoyo sobre el terreno.
En el informe que se presentó públicamente en febrero de 2026, el GIEI concluye que el asesinato de Berta Cáceres fue el resultado de una operación delictiva organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada a través de una estructura colaborativa que incluía a sicarios, intermediarios con formación militar (entre ellos un oficial en servicio activo condenado como autor principal), y personal y directivos de la empresa DESA (incluidos propietarios y accionistas, principalmente de la familia Atala, uno de los cuales se encuentra actualmente prófugo de la justicia). El informe también identifica redes de apoyo, tolerancia y omisión en diversas ramas del Estado, y concluye que el Gobierno hondureño disponía de información previa que podría haberse utilizado para impedir el asesinato.
El informe constata que los fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del FMO de los Países Bajos, que financiaron oficialmente el proyecto de Agua Zarca, se utilizaron para sufragar actividades ilícitas de vigilancia, incursiones armadas en el territorio, logística y otras actividades diversas que culminaron en el asesinato de Berta Cáceres. El GIEI señala que las instituciones financieras internacionales y multilaterales no cumplieron con sus obligaciones específicas, en particular en lo que respecta a garantizar el consentimiento libre, previo e informado de conformidad con los derechos de los pueblos indígenas, incumpliendo así su responsabilidad de ejercer la debida diligencia. Actualmente existe una demanda pendiente en los Países Bajos contra el FMO en relación con este caso. [10]
El análisis financiero exhaustivo de los fondos de DESA reveló que, del total de 18,540,325.62 dólares estadounidenses asignados al proyecto, el 67 % (12,426, 190,54 dólares) «se desvió para financiar prácticas irregulares, incluidos cheques emitidos para pagar a los autores del delito y pagos destinados a difundir narrativas falsas que desviaran la atención. Durante los juicios contra los asesinos y uno de los autores intelectuales, celebrado antes de la publicación del informe, quedó patente que no se había llevado a cabo ninguna investigación sobre los altos directivos y accionistas de la empresa». [11]
El informe del GIEI documenta además el daño individual y colectivo causado a la familia de Berta Cáceres, al COPINH y a las comunidades, destacando el grave impacto específico sobre las mujeres y los jóvenes. Insta al Estado a poner en marcha un Plan de Reparaciones basado en el derecho a conocer la verdad, la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición.
Así, el GIEI ha destapado una red de complicidad entre empresarios, funcionarios del Estado, instituciones financieras internacionales y sicarios, todos ellos confabulados para facilitar el proyecto hidroeléctrico, incluso mediante actos violentos contra las comunidades que se oponían a él. En su relato de la cadena de acontecimientos que condujeron al asesinato de Berta Cáceres, el informe se basa en testimonios y pruebas presentadas en los juicios, en una amplia evidencia documental (incluso registros financieros y escuchas telefónicas) y en información facilitada por la Fiscalía General.
No obstante, el informe subraya la necesidad de seguir investigando e insta al Estado hondureño a garantizar que los autores intelectuales del asesinato sean llevados ante la justicia.
El informe del GIEI contiene recomendaciones dirigidas a diversos funcionarios y actores gubernamentales, así como a la propia CIDH. En una declaración sobre el informe, la CIDH elogió el rigor y la exhaustividad de las conclusiones presentadas y afirmó que, de conformidad con su mandato, dará seguimiento a las recomendaciones «a través de los diversos mecanismos e instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, centrándose en la centralidad de las víctimas y sus familias». [12]
A pesar de las pruebas contundentes presentadas en el informe del GIEI, la concesión del proyecto de Agua Zarca aún no ha sido revocada definitivamente, y el Gobierno hondureño todavía no ha reconocido el territorio ancestral de Río Blanco, lo que otorgaría a los residentes el derecho a la gestión del mismo. El Estado tampoco ha hecho públicos aún los expedientes de inteligencia relacionados con el caso para su inclusión en las actuaciones judiciales de la Fiscalía General.
Esto nos afecta a todos y todas
La información contenida en el informe del GIEI es relevante no solo para Honduras, el COPINH y la familia de Berta Cáceres, sino también para el resto del mundo. Pone al descubierto una red de connivencia entre una amplia gama de actores para promover proyectos extractivos a costa de las comunidades que habitan esos territorios, normalmente sin consulta previa o mediante procesos de consulta defectuosos.
Describe un modelo impulsado por el lucro que se impone a costa de las vidas de las personas y las comunidades, y demuestra que el proyecto de Agua Zarca viola las prácticas culturales, divide y erosiona el tejido social y, sobre todo, amenaza la vida del planeta al alterar su ya precario equilibrio medioambiental.
Es su liderazgo en la oposición a este modelo —como parte de una lucha compartida entre muchas personas y movimientos de todo el mundo— lo que ha convertido a Berta Cáceres en un símbolo perdurable de esperanza y resistencia.
Tal y como señala el informe del GIEI: «El asesinato de Berta Cáceres no puede entenderse como un incidente aislado ni como un delito común, sino más bien como un hecho que se produjo en un contexto de deficiencias estructurales caracterizado por la violencia, la militarización, la corrupción, la concentración del poder económico y de instituciones cooptadas por intereses privados». [13] Su asesinato «fue la culminación de un prolongado proceso de persecución, vigilancia, criminalización y violencia perpetrado contra la líder indígena». [14]
El impacto de dicha violencia recae con especial dureza sobre las mujeres. El informe señala que «Berta Cáceres encarnaba estos riesgos específicos de manera paradigmática». Como mujer Lenca, líder comunitaria y figura pública de gran relevancia, fue blanco de ataques que no solo ponían en tela de juicio su papel de liderazgo, sino que también pretendían deslegitimarla mediante acusaciones de «incitar al desorden» y «obstaculizar el desarrollo», poniendo también en peligro a su familia. [15]
La lucha continúa
El 27 de enero de 2026, poco antes de la publicación del informe del GIEI, Nasry Asfura asumió el cargo de presidente de Honduras en medio de unas elecciones empañadas por irregularidades, corrupción y el apoyo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asfura pertenece al mismo partido que llevó al poder a Juan Orlando Hernández.
Hernández fue posteriormente extraditado a Estados Unidos y condenado a 40 años de prisión por tráfico de drogas. Días antes de las elecciones presidenciales hondureñas, Trump le concedió un «indulto total y completo». Esto suscitó serias preocupaciones, dada la gravedad de los delitos de Hernández, tal y como los determinó un tribunal estadounidense, y la flagrante contradicción entre indultar a un importante narcotraficante y la retórica de la «guerra contra las drogas» de la actual administración estadounidense, que se utiliza para justificar políticas como la deportación de migrantes, las intervenciones militares, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia contra la población civil en América Latina.
Un acto simbólico celebrado en marzo de 2026 acentuó estas preocupaciones y parece indicar que el nuevo Gobierno hondureño no está dispuesto a seguir buscando justicia por el asesinato de Berta.
Un busto de Berta Cáceres, instalado en marzo de 2022 en la Plaza de las Etnias del Centro Cívico de Tegucigalpa por la entonces presidenta Xiomara Castro como parte de un homenaje al pueblo Lenca y a otros pueblos de Honduras, fue retirado en marzo de 2026. Hasta la fecha, no se ha dado ninguna explicación.
Un hecho reciente muestra también que los esfuerzos por mantener este caso en la impunidad continúan. La representación legal de Daniel Atala Midence, acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen y prófugo de la justicia, ha interpuesto un amparo para negar la investigación del GIEI. Está por verse cómo se desarrolla.
La lucha de Berta Cáceres y del COPINH, al igual que la de muchos defensores y defensoras de la tierra y el territorio en Honduras, quedó claramente de manifiesto en el encuentro de La Esperanza y refleja una lucha más amplia por mantener el equilibrio y la armonía en un planeta asediado, no sólo entre los seres humanos, sino también con la naturaleza. Apunta a la posibilidad de preservar un mundo para todas las personas y pueblos, al tiempo que pone de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden la vida: no solo el derecho a sobrevivir, sino también el derecho a vivir con dignidad, alegría y esperanza —derechos que se ven cada vez más amenazados.
Notes
[1] La educación popular, concebida y promovida originalmente por Paulo Freire como una forma de educación liberadora, sitúa en el centro las experiencias y los conocimientos de las personas, sus comunidades y los pueblos para fortalecer la conciencia y el saber colectivos y enriquecer las prácticas y estrategias de las comunidades y los movimientos sociales.
[2] En su discurso de aceptación, Berta Cáceres destacó el carácter organizativo de su lucha: «…COPINH, caminando junto a los pueblos hacia su emancipación, reafirma su compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y los de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. ¡Despertemos! ¡Despertemos, humanidad, ya no queda tiempo!.......». Véase: https://youtu.be/AR1kwx8b0ms?si=J8fDJF35GGZrWdRY
[3] Los autores fueron identificados como Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte, Óscar Torres Mariano Díaz Chávez (antiguo comandante del Ejército), Sergio Rodríguez Orellana (DESA) y Douglas Bustillo. Uno de los autores intelectuales del crimen, Roberto David Castillo Mejía (expresidente de DESA), también fue declarado culpable y condenado. Durante el fatal ataque contra Berta Cáceres en su domicilio de La Esperanza, en Intibucá, Gustavo Castro, un amigo del COPINH y defensor de los derechos sobre la tierra procedente de México, se encontraba de visita por motivos de trabajo. Castro resultó herido por los autores del ataque, pero sobrevivió. Las autoridades hondureñas lo mantuvieron detenido durante más de un mes, tratándolo como sospechoso sin reconocer su condición tanto de víctima como de testigo del asesinato.
[4] Entre 2012 y 2023, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD) documentó 4.504 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra y los territorios. En su informe de 2024, la organización Front Line Defenders señala que al menos 300 defensores de 28 países fueron asesinados, de los cuales 64 eran defensores del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra, 49 de los cuales fueron identificados como mujeres. Del total de asesinatos registrados ese año, 19 tuvieron lugar en Honduras.
[5] Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 2026, «Informe final. Informe sobre el asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres y los delitos relacionados. Medidas para una reparación integral y recomendaciones». p. 311.
[6] Entre 2016 y 2017 —un período que incluye el año en que Berta Cáceres fue asesinada— la Red Nacional de Defensoras de Honduras registró 1 237 agresiones contra defensoras, sus familias y sus organizaciones. Según una encuesta nacional realizada en 2022, más de la mitad de las defensoras de los derechos humanos en Honduras denunciaron haber sufrido amenazas de violación u otras formas de violencia de género como consecuencia directa de su labor de defensa. Esta situación se ve agravada por prácticas de criminalización sistemática que afectan de manera desproporcionada a las mujeres —sobre todo debido a sus limitados recursos económicos— y que profundizan la desconfianza en el poder judicial y la policía. Las defensoras de la tierra se enfrentan a procesos penales por delitos como la usurpación o la invasión de tierras —en algunos casos equiparados al crimen organizado—, así como a la imposición de medidas judiciales humillantes y formas de acoso, entre las que se incluyen comparecencias periódicas ante los tribunales, la detención y, en casos extremos, la violencia sexual. Además, a menudo se enfrentan a campañas de estigmatización por parte de funcionarios públicos, los medios de comunicación e incluso miembros de sus propias comunidades y familias, que las desacreditan tildándolas de «antidesarrollo», «malas madres» o delincuentes, lo que aumenta su vulnerabilidad. Véase: https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2022
[7] «... familiares, miembros del COPINH y otras personas identificadas son los beneficiarios de la medida cautelar n.º 112/16 concedida por la CIDH». Acuerdo de Cooperación, página 3. Véase (en español): https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2025/038_Acuerdo_GIEI_Honduras_Firmado.pdf
[8] «... familiares, miembros del COPINH y otras personas identificadas son los beneficiarios de la medida cautelar n.º 112/16 concedida por la CIDH». Acuerdo de Cooperación, página 3. Véase (en español): https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2025/038_Acuerdo_GIEI_Honduras_Firmado.pdf
[9] Esta decisión se vio respaldada por la firma de un acuerdo en octubre de 2024. Más información aquí (en español): https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/038.asp
[10] Para más información, véase (en español): https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/honduras-copinh-interpone-denuncia-penal-contra-banco-neerland%C3%A9s-fmo-for-complicity-in-corruption-embezzlement-money-laundering-and-violence/
[11] Informe del GIEI, 2026: 168.
[12] Véase: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2026/006.asp
[13] Informe del GIEI, 2026: 364.
[14] Informe del GIEI, 2026: 9.
[15] Informe del GIEI, 2026: 50.
Patricia Ardón es una orgullosa mujer Guatemalteca, feminista, con estudios en Antropología Social. Patricia ha escrito artículos y publicado varios trabajos relacionados con contextos regionales, la construcción de paz y la contribución de las mujeres a estos procesos, así como diseñado y facilitado procesos de formación, con énfasis en los últimos años en la Educación Popular Feminista. Patricia fue Directora de JASS Mesoamérica, y en la actualidad es la Asociada Senior en Educación Popular Feminista de JASS.